La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado el Informe Frontera Sur 2025 en el Parlamento Andaluz, que documenta las graves vulneraciones de derechos humanos que sufren los trabajadores migrantes del campo en Almería y Huelva. El encuentro, celebrado en la Sala de Comisiones 1, contó con la presencia de representantes de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
Ana María Rosado, coordinadora del informe, junto a las investigadoras Carmen Vásquez y Jennifer Cárdenas, presentaron el estudio centrado en la realidad de las personas trabajadoras migrantes vinculadas a la industria agroalimentaria que viven en asentamientos de infravivienda. El trabajo de campo ha sido cofinanciado por el proyecto Tejiendo Derechos de la Unión Europea y Oxfam Intermón.
El informe revela que al menos 7.000 personas en Almería y 5.000 en Huelva viven en condiciones precarias, habitando infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets. Los asentamientos carecen de agua potable, electricidad y saneamientos, presentando permanentes amenazas de incendios y problemas de salud vinculados a condiciones insalubres.
Mientras Almería registra un 22,3% de población extranjera y Huelva un 10,57%, las investigadoras señalan que las cifras reales podrían ser superiores debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular. Los problemas incluyen dificultades para obtener atención sanitaria, escolarización de menores y especial vulnerabilidad de niños, mujeres y jóvenes extutelados.
APDHA propone soluciones habitacionales mediante construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral, políticas inclusivas con programas específicos para colectivos vulnerables y coordinación entre administraciones. La entidad cuestiona el Plan Estratégico de Erradicación de asentamientos informales de la Junta de Andalucía por su falta de transparencia y enfoque asistencialista.
La asociación reclama un plan integral andaluz desde el enfoque de derechos humanos, una red de albergues autonómicos, facilitación del empadronamiento, acceso a atención sanitaria sin discriminación y educación inclusiva para menores. También demanda mayor transparencia institucional en la publicación del contenido del Plan de Erradicación del Chabolismo, incluyendo presupuesto, responsables y objetivos.
