El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que habilita una inversión de cincuenta millones de euros para la reconstrucción de las zonas de Andalucía y Extremadura dañadas por los temporales, mediante la contratación de personas en situación de desempleo. La propuesta partió del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El mecanismo elegido es la concesión directa de subvenciones por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con cargo al presupuesto del propio organismo. Los fondos se transfieren a las corporaciones locales, que son quienes formalizan los contratos y dirigen los trabajos de reparación en su término municipal.
Las obras se dirigen a infraestructuras públicas y servicios municipales deteriorados por las inundaciones que se registraron entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en distintas localidades andaluzas y extremeñas. Los episodios, calificados como fenómenos meteorológicos adversos de carácter extraordinario, causaron también daños en explotaciones agrícolas, infraestructuras agrarias y terrenos de cultivo, con la consiguiente alteración de la actividad agraria en las comarcas afectadas.
El planteamiento del decreto combina dos finalidades. La primera es sufragar la recuperación material de los municipios y devolver a la normalidad su actividad socioeconómica. La segunda, amortiguar el efecto que los daños han tenido sobre el mercado laboral local, absorbiendo mano de obra desempleada durante el periodo de reconstrucción.
El volumen de participantes se calcula a partir de la experiencia del plan de empleo precedente. En 2024, el desarrollado en Andalucía movilizó a alrededor de 10.200 personas, cifra que sirve de referencia para dimensionar el alcance del nuevo programa en la comunidad.