El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que destinan 6,5 millones de euros a proyectos de inclusión social y laboral en los 14 municipios del área de influencia del Espacio Natural de Doñana.
La dotación crece en 1,5 millones respecto a 2025 y se integra en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia de Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La aportación corresponde a la Línea 13 del marco, gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El primer real decreto moviliza 4,5 millones de euros para proyectos que mejoren las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos incorporan un dispositivo de triaje social —un equipo interdisciplinar que valora la situación de riesgo de cada persona—, cuya implantación evaluará el CSIC.
Ese despliegue ya ha supuesto más de veinte contrataciones en los servicios sociales de la zona, con perfiles como trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social, educadores y orientadores laborales, junto a itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral.
El segundo real decreto reserva 2 millones de euros a iniciativas dirigidas a la población de origen extranjero, con actuaciones de prevención frente al racismo, la xenofobia y los delitos de odio, y con información sobre la normativa de extranjería y las vías de regularización.
Las actuaciones alcanzan a Almonte, Aznalcázar, Bollullos del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa, un territorio de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados y más de 210.000 habitantes.
Los ayuntamientos disponen de diez días hábiles para presentar sus proyectos desde la entrada en vigor de los decretos, tras lo cual se formalizarán los convenios. El plazo de ejecución de la convocatoria anterior se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026.
De los 6,5 millones, 4,5 se destinan a la inclusión social y laboral de la población vulnerable y 2 a la integración de la población migrante.