Un juez decide procesar al Fiscal General del Estado con un dictamen que, según los expertos consultados, carece de fundamentos sólidos. Mientras tanto, millones de ciudadanos se preguntan: ¿quién controla realmente a quienes tienen el poder de arruinar vidas con una firma? La respuesta es tan inquietante como reveladora: prácticamente nadie.
El caso que sacude la política española no es solo sobre el Fiscal General, sino sobre algo mucho más profundo y peligroso: la ausencia...
