El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, con un valor estimado de 33,7 millones de euros IVA no incluido. Los trabajos se centrarán en los dos accesos a la capital gaditana ubicados en las carreteras CA-35 y CA-36.
El contrato tiene una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Se enmarca en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado para garantizar las condiciones de circulación, vialidad y seguridad.
Las actuaciones incluyen la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones, y el mantenimiento de instalaciones. Se contempla una actuación específica para rehabilitar el firme en la carretera CA-35, entre los kilómetros 0 y 1,900, en ambas calzadas.
El contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 12,5 kilómetros de carreteras del sector número 03 de la provincia, de los que unos 9 kilómetros son autovía. Las carreteras incluidas son la CA-35, en 7 kilómetros que incluyen el Puente de la Constitución de 1812, y la CA-36, en 5,5 kilómetros que incluyen el Puente de Carranza.
Los pliegos recogen condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras. Se incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato.
Desde 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.
Desde 2023 se incluye como criterio de valoración el compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar el balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.
La empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, donde la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o mediante otras opciones.
Se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos de la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
El modelo de contratos mixtos para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.
