El Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS) está regulado por el Reglamento (UE) 2025/327, en vigor desde marzo de 2025, y prevé que sus principales obligaciones empiecen a aplicarse en 2029. El marco regula el uso primario y secundario de los datos sanitarios, los sistemas de Historia Clínica Electrónica y las aplicaciones de bienestar en el conjunto de la Unión Europea.
La Fundación Instituto Roche reunió el 24 de junio de 2026 en Madrid a expertos del ámbito sanitario, con representación de varios ministerios y comunidades autónomas, en la jornada «El Espacio Europeo de Datos de Salud y su implementación en España». El encuentro giró en torno a la presentación de un informe sobre la incorporación del EEDS en el sistema sanitario español.
El uso primario de los datos se refiere a la atención directa al paciente, mientras que el uso secundario abarca la investigación, la innovación y la elaboración de políticas sanitarias. Según el planteamiento expuesto en la jornada, España parte de una posición favorable en el uso primario, por el grado de digitalización del Sistema Nacional de Salud y por infraestructuras ya consolidadas como la Historia Clínica Digital y la receta electrónica interoperable.
En el uso secundario, el avance es desigual entre comunidades autónomas e instituciones sanitarias, según los expertos reunidos. Entre las prioridades señaladas figuran la creación de un catálogo nacional de conjuntos de datos, la inversión autonómica en infraestructuras y órganos de gobierno, y la formación de profesionales sanitarios e investigadores en este marco.
Los expertos situaron entre los retos pendientes la heterogeneidad de los sistemas de Historia Clínica Electrónica usados en España, la integración de la información del sistema sanitario privado y la incorporación de perfiles profesionales con formación en informática, ciencia de datos e inteligencia artificial a los equipos clínicos y de investigación.
El modelo de gobernanza del uso secundario combina un enfoque federado con una estrategia centralizada y exige, según lo planteado en la jornada, criterios técnicos y organizativos comunes entre los organismos de acceso autonómicos y el organismo de acceso nacional. La distribución de competencias entre tenedores, usuarios y organismos de acceso queda pendiente de concretarse en la futura Ley de Salud Digital.
El Reglamento (UE) 2025/327 está en vigor desde marzo de 2025 y sus obligaciones principales se aplicarán previsiblemente a partir de 2029.